Con la entrada en vigencia de la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales (que moderniza la Ley 19.628 y crea la Agencia de Protección de Datos Personales), la gestión de cámaras de vigilancia (CCTV) y otros sistemas de registro adquiere una importancia crítica. Esta ley aplica al tratamiento de datos obtenidos por videovigilancia, registros de acceso y datos del personal.

Como supervisor, debes asegurar que el uso de cámaras de vigilancia cumpla con los siguientes principios:

Licitud y Finalidad: La videovigilancia debe tener un propósito legítimo y específico, como la prevención de delitos o la seguridad de personas y bienes.
Proporcionalidad: La captación de imágenes debe ser proporcional al fin perseguido, evitando la intromisión excesiva en la vida privada.
Información al Titular: Es obligatorio informar a las personas mediante letreros visibles que la zona está «videovigilada», indicando la finalidad de la grabación y los derechos de los titulares.
Seguridad y Confidencialidad: Las grabaciones deben ser resguardadas de manera segura, con acceso restringido solo al personal autorizado y debidamente capacitado.
Plazos de Conservación: Las grabaciones no deben conservarse por un tiempo mayor al estrictamente necesario para cumplir con la finalidad para la que fueron recolectadas.

El supervisor es responsable de resguardar las grabaciones, controlar quién accede a ellas y no difundirlas. Su entrega solo procede por requerimiento legal o judicial, o de la autoridad competente. El incumplimiento de estos principios puede acarrear multas y sanciones significativas.