Toda brecha refleja, en alguna medida, el incumplimiento de uno o más principios de la Ley 21.719:

Seguridad (art. 5): adoptar medidas técnicas y organizativas para proteger datos contra destrucción, pérdida, alteración o acceso no autorizado. Una brecha evidencia insuficiencia en estas medidas.
Confidencialidad: garantizar que solo personas autorizadas accedan a los datos. Divulgaciones o accesos indebidos rompen este principio.
Licitud y transparencia: tratar datos de forma lícita, leal y transparente. Ocultar o no reportar brechas vulnera la transparencia debida a titulares y autoridad.
Integridad: mantener datos exactos y actualizados. Alteraciones maliciosas o accidentales afectan este principio.

Prevención desde el diseño: implementar evaluaciones de impacto, cifrado, control de accesos basado en roles, capacitación continua, auditorías periódicas y planes de respuesta a incidentes. La Agencia evalúa si la organización fue diligente antes, durante y después de la brecha.

El cumplimiento de los principios no elimina el riesgo de brechas, pero sí reduce su probabilidad, limita su impacto y demuestra la buena fe del responsable ante la autoridad y los titulares.