El debido proceso es un principio fundamental que debe regir cualquier procedimiento sancionatorio, incluso en el marco de la Ley 'Aula Segura'. Su objetivo es garantizar que toda persona sujeta a un proceso tenga la oportunidad de defenderse y de que su caso sea tratado de manera justa e imparcial. Las garantías esenciales del debido proceso incluyen:

Notificación escrita: El estudiante y su apoderado deben ser informados por escrito, de forma clara y detallada, sobre los hechos imputados, las faltas en que se encuadran según el RICE y las posibles sanciones.
Derecho a defensa: El estudiante tiene derecho a ser escuchado y a presentar su versión de los hechos. Puede hacerlo de forma oral o escrita, y contar con el apoyo de su apoderado.
Derecho a presentar descargos y pruebas: Se debe otorgar un plazo razonable para que el estudiante y su apoderado presenten los descargos que estimen pertinentes, así como cualquier prueba que respalde su defensa.
Acceso al expediente: El apoderado debe tener acceso a toda la información relevante del procedimiento.
Resolución fundada: La decisión final debe ser por escrito, motivada y basada en los hechos y pruebas presentadas, indicando las vías de apelación.

El incumplimiento de estas garantías puede invalidar el proceso y la sanción aplicada.